Estado, Regulación Cooperativa y Políticas Públicas

Por Yanio Concepción

En los contrasentidos cooperativista se debaten dos anteproyecto que definen la creación de la Superintendencia de Cooperativa (SUPERCOOP) dos visiones propuesta estudian una descansa en el ministro de la presidencia y otra sector cooperativo dominicano representado por el Consejo de Cooperativa Dominicano (Conacoop) en la cámara de diputados, esto evidencia la correlación Estado-Cooperativa, que debería entenderse y practicarse, en todos los niveles como una vía especial de fortalecer el desarrollo integral del sector cooperativo. El Estado conjuntamente con las cooperativas y las empresas en general influyen de forma terminante en el desarrollo socioeconómico de los países, de las comunidades y de las mismas organizaciones.

Con el apoyo del estado hay más posibilidad para las cooperativas de ser más viables, de lograr mayor incidencia en las comunidades, de poder ayudar de manera directa a las personas a mejorar su calidad de vida, y eso significa tener mayor escala de reconocimiento de la marca cooperativa, también es un paso para ser parte de quienes inciden en el establecimiento de las políticas públicas que buscan el desarrollo de los países; en fin, de cumplir con la misión que tenemos como personas y como cooperativa.

Ahora bien, es común en muchos países, que existan políticas públicas poco amigables con el sector cooperativo, incluso en algunos se da prioridad al sector financiero, respecto de otros pujantes subsectores de la economía, tal es el caso de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros.

La reglamentación de las cooperativas es un tema que provoca opiniones encontradas entre el sector financiero de cualquier país, y las cooperativas para mantener su competitividad deben enfrentar esos retos y desafíos de su regulación, supervisión y gobernabilidad. Su única preocupación es garantizar que pueden manejen el riesgo de una manera adecuada, y sin ocasionar inestabilidad en el sector cooperativo ni en el sistema financiero del país.

Es una gran necesidad lograr esas reglamentaciones a nivel universal, igual que los valores y principios cooperativos, porque no se pueden medir las cooperativas con los mismos criterios que la banca tradicional. Con esto se entraría en contradicción con la razón social de aportar y desarrollar a los asociados, y la verdad es que las cooperativas no estarían en condiciones de favorecer a las personas acorde con la filosofía cooperativa. Las cooperativas tienen su organismo de supervisión y fiscalización, lo que restaría es que el estado fortalezca esas entidades con educación, tecnología y otros recursos necesarios para hacer un buen trabajo.

El cooperativismo dominicano ha defendido con valentía y dignidad su derecho a ser diferenciado de la banca tradicional. En distintas ocasiones se ha hecho el intento de incluir las cooperativas en regulaciones bancarias, pero las cooperativas han salido airosas y hoy día están excluidas y exenta del pago de impuestos en algunos casos. No obstante, siempre está el riesgo de que el estado en un momento decida hacer la inclusión, aunque el argumento principal se ha sustentado en su contenido social, dada su naturaleza de economía solidaria. De hecho, lo que ennoblece el cooperativismo y lo engrandece con respecto al brutal capitalismo es precisamente su alianza con los sectores marginados a través de la solidaridad, la equidad, el respeto, la justicia, la democracia y la honestidad

El mundo debe saber y defender que, el éxito y la sostenibilidad de las Cooperativas, no están supeditadas a un régimen estricto de leyes, políticas y reglamentos, sino de la más íntima convicción del ser humano cuando su accionar está basado en principios y valores éticos, morales y cristianos, mismos que anhelan y buscan las grandes sociedades del mundo.