La concentración comenzó en el Parque Colón y luego la multitud marchó por el Paseo del Conde hasta el Parque Independencia, mientras reclamaba al presidente Danilo Medina observar el Código Penal.
Exigieron al mandatario ser coherente con su postura anterior cuando en 2014 observó la edición previa del Código Penal, porque se deben aprobar las tres excepciones para la despenalización del aborto.
La observación del nuevo Código Penal es importante para que puedan ser protegidos los derechos de las mujeres, como ordena la Constitución del país señalaban los manifestantes.
Los pronunciamientos contra el nuevo Código Penal se suceden desde su aprobación por el Congreso la semana última porque prohíbe y sanciona cualquier tipo de aborto, incluyendo el terapéutico.
El Código Penal criminaliza el aborto producto de una violación sexual o incesto y por mal formación congénita del feto incompatible con la vida fuera de útero, explicó Sergia Galván, del Foro Feminista.
Eso representa una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas al obligárseles a llevar al término un embarazo que atenta contra su propia vida, dignidad o su integridad psíquica y moral, apuntó.
La interrupción del embarazo por cuestiones de salud ayuda a reducir las muertes maternas y es un salvajismo penalizarlo, recordó el presidente del Movimiento Patria para Todos (MPT), Fulgencio Severino.
Llamamos a la sociedad médica a rebelarse contra esta bestialidad. No podemos aceptar que corruptos analfabetos vestidos de congresistas impongan leyes contra la vida de pacientes y la buena práctica médica, dijo.
Con este código penal que penaliza todo tipo de abortos, el país retrocede a la Edad Media, afirmó Lorenzo Jiménez de Luis, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El funcionario internacional indicó que ese Código Penal es una involución, un retraso en política social y una incoherencia jurídica porque vulnera derechos humanos y va contra tratados firmados por este país.
También Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, criticó que el Congreso Nacional pretenda obligar a las mujeres víctimas de violaciones sexuales a retener el embarazo.
Afirmó que esa medida atenta contra la Constitución de la República y la Convención Internacional contra la Tortura y el gobierno y legisladores desandan sus propios pasos al sancionar algo rechazado anteriormente.
Es una incoherencia legislativa y política que los mismos que en 2014 aprobaron una eximente en casos especiales, ahora hagan lo contrario cuando hasta el papa Francisco ordenó perdonar el aborto, dijo el abogado.
Recordó que el artículo 74 de la Constitución consagra que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional y deben ser respetados, algo que no tiene en cuenta el nuevo Código Penal.
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